Procesado recluido en otra ciudad: una excepción a la competencia territorial del juez de control de garantías

La pregunta que dividió a dos ciudades

La acusación ya estaba radicada en Girardot. El procesado, sin embargo, estaba preso en Bogotá. Cuando la defensa pidió una audiencia de control de garantías —una búsqueda selectiva en bases de datos— ante un juez de Bogotá, la Fiscalía objetó: si el juicio ya tiene sede, ¿no debería todo lo demás tramitarse ahí también? La respuesta de la Sala de Casación Penal en AP5290-2026 es más matizada de lo que parece: la sede del juicio manda, pero no siempre.

Los hechos, según la Fiscalía

Según la Fiscalía, en marzo de 2023, en la vivienda familiar ubicada en el municipio de Agua de Dios (Cundinamarca), Danny Alejandro MORA DELGADO, aprovechando la ausencia de su pareja sentimental —hospitalizada «durante un periodo de tres meses»—, accedió carnalmente a su hijastra, la menor S.K.G.F., de 9 años para esa época. El 11 de junio de 2026, ante el Juzgado 1.º Promiscuo Municipal de Agua de Dios, se le imputó acceso carnal abusivo con menor de catorce años agravado; no aceptó los cargos y se le impuso detención preventiva en establecimiento carcelario.

El escrito de acusación se radicó el 10 de julio de 2026 y su conocimiento pasó al Juzgado 2º Penal del Circuito de Girardot. Una semana después, el Juzgado 4º Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá inició la audiencia de búsqueda selectiva en bases de datos pedida por la defensa. Antes de instalarla, la Fiscalía impugnó la competencia: si el juicio quedó en Girardot, ahí debía tramitarse también esta diligencia. La apoderada de la víctima coadyuvó. La defensa respondió que MORA DELGADO estaba privado de la libertad en Bogotá —en la Estación de Policía de Los Mártires— y que la solicitud, además, era anterior a la radicación de la acusación. El juzgado de Bogotá se declaró competente y, ante la controversia, remitió el expediente a la Corte.

La regla general: la sede del juicio fija el juez de garantías

El artículo 39 del Código de Procedimiento Penal habilita a cualquier juez penal municipal para ejercer funciones de control de garantías — una suerte de competencia nacional. Pero la Sala ha matizado ese mandato: no puede aplicarse al capricho de quien formula la solicitud. Una vez radicada la acusación, la regla preferente es clara.

Las excepciones que sí permiten cambiar de sede

Pero esa regla no es absoluta. La Sala ha reconocido de tiempo atrás que el control de garantías, preferentemente, corresponde al juez del lugar de los hechos —o, tras la acusación, al lugar del juicio— salvo que exista una circunstancia especial que justifique lo contrario: que el procesado haya sido capturado en otro territorio, que esté privado de la libertad en un establecimiento distinto, o que allí se encuentren los elementos materiales probatorios que se buscan. Así, en el AP4397-2024 mantuvo en Medellín el control posterior de una búsqueda selectiva, pese a que el juicio cursaba en Rionegro, porque allí se habían recaudado los elementos y el artículo 244 impone revisar su legalidad dentro de las 36 horas siguientes.

Por qué la Corte deja el caso en Bogotá

Dos hechos inclinaron la balanza. Primero, MORA DELGADO está privado de la libertad en Bogotá, no en Girardot — una de las circunstancias que, según la propia línea de la Sala, habilita la excepción. Segundo, el procesado estuvo presente en la audiencia donde se suscitó el incidente y en ningún momento renunció a su derecho a asistir, lo que para la Corte refuerza la necesidad de que la diligencia se adelante donde él está recluido. El contraste con el AP2030-2021 es ilustrativo: allí la Sala negó la excepción porque el procesado, recluido en Bogotá, había renunciado a asistir a la audiencia, y remitió el asunto a San Andrés, sede del juicio.

Lectura para el litigante

La regla que deja esta providencia es más útil de lo que su nombre técnico sugiere. La radicación del juicio sí fija una sede preferente para las actuaciones posteriores de control de garantías — no es un dato irrelevante. Pero no la convierte en una camisa de fuerza: si el procesado está preso en otra ciudad, o si ahí están las evidencias que se necesitan recopilar, hay una base real para pedir que la diligencia se tramite donde realmente conviene a las garantías del caso. La clave está en que la petición se sostenga en una necesidad concreta y verificable — no en la simple preferencia de quien la formula.

Marco normativo y jurisprudencial