Código de la Infancia y la Adolescencia

• Menores de 14 años: no pueden ser juzgados ni declarados responsables penalmente. Deben ser entregados de inmediato por la policía de infancia y adolescencia a la autoridad competente para la verificación de la garantía de sus derechos (art. 142), y solo se les aplican medidas de verificación de la garantía de derechos y de su restablecimiento (art. 143); el ICBF fija los lineamientos de esas medidas (art. 148, par.).
• Entre 14 y 18 años al momento del hecho: se aplica el SRPA, con su proceso y sus sanciones especiales. Se exceptúan los adolescentes con discapacidad psíquica o mental, a quienes se aplica la respectiva medida de seguridad, siempre que la conducta guarde relación con la discapacidad (art. 142, inc. 2).
• Mayoría de edad sobreviniente: cumplir 18 años durante el proceso o la ejecución no convierte la actuación en un proceso de adultos, porque el criterio es la edad al momento del hecho.

Salvo las reglas especiales del Libro II del Código de la Infancia y la Adolescencia, el procedimiento del SRPA se rige por la Ley 906 de 2004, exceptuando las normas que sean contrarias al interés superior del adolescente. La Ley 906 opera, así, como legislación supletoria que no desplaza los principios de protección integral, finalidad pedagógica y justicia restaurativa.

• Debido proceso, presunción de inocencia, derecho a ser notificado de las imputaciones, defensa y contradicción.
• Asesoramiento y presencia de los padres o tutores.
• Guardar silencio.
• Confrontar e interrogar a los testigos.
• Apelar ante autoridad superior.
• Las demás garantías de la Constitución, la ley y los tratados internacionales.

«En todos los casos los derechos de los que goza bajo el presente sistema un adolescente autor o partícipe de una conducta punible son, como mínimo, los previstos por la Ley 906 de 2004».

Conforme al art. 159, las sentencias del SRPA no tienen el carácter de antecedente judicial; sus registros son reservados y solo pueden usarlos las autoridades judiciales competentes para definir las medidas aplicables.

• Fiscales delegados ante los jueces penales para adolescentes: dirigen la investigación de las conductas en las que presuntamente participan adolescentes.
• Jueces penales para adolescentes: conocen del juzgamiento y ejercen la función de control de garantías en los procesos que no sean de su conocimiento (art. 165). Donde no los haya, los jueces promiscuos de familia cumplen esas funciones de juzgamiento y control de garantías (art. 166).
• Jueces municipales: adelantan las actuaciones y funciones judiciales que les asigna la ley (art. 163, num. 2) y, a falta de juez penal para adolescentes o promiscuo de familia, conocen de los procesos del SRPA (art. 166).
• Sala de Asuntos Penales para Adolescentes: la integran un magistrado de la Sala Penal y dos de la Sala de Familia o, en su defecto, de la Sala Civil del Tribunal Superior (art. 168), y ante ella se surte la segunda instancia.
• Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: conoce de la casación y la revisión.
• Defensa técnica: es obligatoria durante toda la actuación, aun antes de la imputación; si el adolescente no tiene apoderado, la asume un defensor público.
• Defensorías de Familia del ICBF, Comisarías de Familia o Inspectores de Policía: adoptan las medidas de verificación de la garantía de derechos y de su restablecimiento (art. 163, num. 8).
• Policía judicial especializada y Policía de Infancia y Adolescencia, además del ICBF y las demás instituciones del Sistema Nacional de Bienestar Familiar.

• El adolescente sorprendido en flagrancia es conducido de inmediato ante el fiscal delegado.
• El fiscal lo presenta ante el juez de control de garantías dentro de las 36 horas siguientes y le expone cómo se produjo la aprehensión.
• La Corte Constitucional declaró inexequible el aparte según el cual, a solicitud del fiscal con la acusación, el juez de control de garantías enviaba la actuación al juez de conocimiento para citar a juicio oral dentro de los 10 días hábiles siguientes (C-684 de 2009). En lo demás se sigue el procedimiento penal vigente, con las reglas especiales del proceso para adolescentes (art. 191).

• Procede solo de manera excepcional y como último recurso, antes de la audiencia de juicio.
• Lo decreta el juez de control de garantías, previa verificación de las condiciones legales.
• Su duración máxima es de cuatro meses, prorrogables por un mes más mediante decisión motivada.

«En los procesos de responsabilidad penal para adolescentes no proceden los acuerdos entre la Fiscalía y la Defensa» (art. 157).

• Si el adolescente acepta los cargos en la audiencia de legalización de la aprehensión o de imputación, el asunto pasa al juez de conocimiento, que fija fecha para la audiencia de imposición de la sanción y solicita a la Defensoría de Familia el estudio de la situación familiar, económica, social, psicológica y cultural del adolescente.
• La ley no prevé una rebaja tasada: la aceptación de cargos es uno de los criterios del art. 179 para escoger la sanción (CSJ SP5127-2021, rad. 57260).

• Adolescentes desvinculados de grupos armados (art. 175): la Fiscalía podrá renunciar a la persecución penal cuando la decisión del adolescente obedeció a las condiciones sociales, económicas y culturales de su medio, a una situación de marginamiento que no le permitía otras alternativas, a su incapacidad para conocer otra forma de participación social o a fuerza, amenaza, coacción y constreñimiento; se remiten al programa especializado del ICBF. No procede frente a violaciones graves del derecho internacional humanitario, crímenes de lesa humanidad o genocidio.
• Prohibición (art. 176): «Queda prohibida la entrevista y la utilización en actividades de inteligencia de los niños, las niñas y los adolescentes desvinculados de los grupos armados al margen de la ley por parte de autoridades de la fuerza pública».