• Verbo rector: la acción nuclear del tipo — "matar", "apoderarse", "acceder".
• Sujeto activo: quien puede realizar la conducta (cualquier persona, o calificado para tipos especiales).
• Sujeto pasivo: titular del bien jurídico afectado.
• Objeto material: sobre qué o quién recae la conducta.
• Resultado: algunos tipos lo exigen (materiales), otros no (formales).

• Dolo directo 1° grado: quiere el resultado como fin de su actuar.
• Dolo directo 2° grado: el resultado es consecuencia necesaria de su fin principal.
• Dolo eventual: prevé el resultado como probable y lo acepta — conducir borracho a alta velocidad.

• Culpa consciente: previó el resultado pero confió en evitarlo.
• Culpa inconsciente: no previó el resultado pero debió haberlo previsto.

La imputación objetiva exige más que la mera causación: el resultado debe ser la realización de un riesgo jurídicamente desaprobado creado por el autor.

• Riesgo permitido: conductas que crean riesgos tolerados socialmente no generan imputación aunque causen resultados.
• Principio de confianza: quien actúa correctamente puede confiar en que los demás cumplirán sus roles.
• Prohibición de regreso: el comportamiento imprudente de un tercero interrumpe la imputación.

• Legítima defensa (Art. 32-6): repeler agresión injusta, actual o inminente, con proporcionalidad.
• Estado de necesidad (Art. 32-5): sacrificar un bien menor para proteger uno mayor o igual.
• Ejercicio de un derecho (Art. 32-4): actuación dentro del ejercicio legítimo de derechos.
• Cumplimiento de orden legítima (Art. 32-3): acto de autoridad competente sin exceder sus funciones.

La culpabilidad exige que el autor sea imputable — capaz de comprender la ilicitud de su conducta y de determinarse de acuerdo con esa comprensión.

• Inimputabilidad (Art. 33): trastorno mental, inmadurez psicológica o diversidad sociocultural que impide la comprensión.
• El inimputable no es absuelto — recibe medida de seguridad en lugar de pena.

• Invencible: excluye la culpabilidad totalmente → no hay condena.
• Vencible: la pena se atenúa hasta la mitad → sí hay condena con pena reducida.

• Determinador (Art. 30 inc. 1): quien determina a otro a realizar la conducta — incita, convence u ordena. Responde igual que el autor.
• Cómplice (Art. 30 inc. 3): contribuye a la realización sin dominar el hecho. Pena reducida de 1/6 a 1/2 respecto al autor.

• Dominio de la acción: autor material — controla físicamente el hecho.
• Dominio de la voluntad: autor mediato — controla al instrumento.
• Dominio funcional: coautor — cada uno domina la parte que le corresponde.

El legislador colombiano tipificó autónomamente algunas conductas preparatorias que por su peligrosidad no pueden esperar a la ejecución:

• Concierto para delinquir (Art. 340): el simple acuerdo de varias personas para cometer delitos ya es punible — la preparación colectiva se tipificó de forma autónoma.
• Fabricación, tráfico y porte de armas (Art. 365): portar el arma con la que se planea cometer el delito ya es un tipo penal independiente.
• Conspiración (Art. 471): en el contexto de delitos contra el régimen constitucional y legal, el simple acuerdo previo es punible.

• Delitos instantáneos: la consumación ocurre en un momento único y puntual — homicidio (la muerte), hurto (el apoderamiento). La prescripción corre desde ese instante.
• Delitos permanentes: la consumación se prolonga en el tiempo mientras dura la situación antijurídica — secuestro (mientras la víctima esté privada de libertad), concierto para delinquir (mientras subsista el acuerdo). La prescripción corre desde que cesa la conducta.
• Delitos de resultado: requieren que ocurra un resultado externo separado de la acción — homicidio, lesiones con secuelas.
• Delitos de mera conducta: se consuman con la sola realización de la acción, sin necesidad de resultado — porte ilegal de armas, injuria.

• Regla general (Art. 83): la prescripción de la acción penal empieza a correr desde el día de la consumación.
• Delitos permanentes: desde que cesó la conducta.
• Delitos continuados: desde la última conducta constitutiva del delito.
• Tentativa: desde el último acto ejecutado — el iter se detuvo ahí, no llegó a consumación.

Concurso real (material): varias acciones u omisiones independientes, cada una constitutiva de un delito autónomo. Varios actos, varios delitos.

• Las conductas son separables temporal o espacialmente — no hay unidad de acción.
• Cada delito tiene su propia consumación y sus propios elementos típicos.

Concurso aparente de tipos: varios tipos penales parecen aplicar al mismo hecho, pero solo uno regula adecuadamente la conducta. No hay verdadero concurso.

• Especialidad: el tipo especial desplaza al genérico — el homicidio agravado desplaza al simple.
• Consunción: un tipo "consume" o absorbe al otro — el hurto agravado con violencia consume las lesiones leves causadas para el apoderamiento.
• Alternatividad: dos tipos protegen el mismo bien jurídico con igual intensidad — se aplica el más favorable.
• Subsidiariedad: un tipo solo aplica cuando no concurre uno más grave — lesiones personales cede ante tentativa de homicidio.

Concurso heterogéneo: el autor comete distintos tipos penales. Los delitos concurrentes son de diferente naturaleza — cada uno tiene su propio tipo penal.

• Es el concurso más frecuente en la práctica — el procesado responde por delitos de diversa índole.
• La pena se fija sobre el delito más grave y se incrementa por los demás.

Concurso simultáneo: los delitos concurrentes se cometen en el mismo momento o en el marco de una misma situación fáctica unitaria.

• Se superpone con el concurso ideal cuando una sola acción produce varios resultados al mismo tiempo.
• El elemento diferenciador es la unidad temporal de la conducta — los hechos ocurren sin separación significativa.

Concurso sucesivo: los delitos concurrentes se cometen en momentos distintos, mediando un intervalo temporal entre cada uno. Es la forma más común del concurso real.

• Cada conducta tiene su propio momento de consumación, separado en el tiempo de las demás.
• La prescripción de cada delito corre desde su propia consumación — es posible que unos estén prescritos y otros no.
• En los delitos de ejecución permanente (secuestro, concierto para delinquir), la prescripción corre desde que cesa la conducta.

• La interrupción de la prescripción (imputación en Ley 906 / resolución acusatoria en Ley 600) opera delito por delito — una imputación puede interrumpir unos y no otros si alguno no fue imputado.
• Los delitos no imputados siguen corriendo su propio término prescriptivo.
• Un cambio de calificación jurídica que elimine un delito del concurso puede abrir la discusión sobre prescripción del delito recalificado.

• Resolución inhibitoria (Art. 327): el fiscal archiva al inicio por no encontrar mérito para continuar.
• Preclusión (Art. 39): archiva durante la instrucción por falta de mérito o causal de extinción de la acción penal.

Para imponer medida de aseguramiento el fiscal debe verificar:

• Mérito sumarial: indicios graves de responsabilidad en la conducta investigada.
• Necesidad: que la medida sea indispensable para garantizar la comparecencia al proceso, impedir la continuación del delito, la alteración de pruebas o la afectación a víctimas.
• Para la detención preventiva se exige que la pena mínima del delito investigado sea de al menos 2 años de prisión.

Segunda fase — desde la resolución acusatoria hasta la sentencia:

• Interrumpida la prescripción con la resolución acusatoria, comienza a correr un nuevo término.
• Este nuevo término equivale a la mitad del máximo de la pena del tipo penal.
• Nunca inferior a 5 años (mínimo absoluto de prescripción para la fase de juzgamiento).
• Nunca superior a 10 años.

Servidor público (Art. 83 inc. 6 C.P.): cuando el delito lo comete un servidor público en ejercicio de sus funciones o con ocasión de ellas, el término prescriptivo se aumenta en la mitad — en ambas fases.

• El aumento aplica si existe nexo entre el cargo y el delito — puede ser relación directa o de oportunidad.
• En la fase de investigación: el máximo sube de 20 a 30 años.
• En la fase de juzgamiento: el término post-acusatoria también aumenta en la mitad.
• La Corte ha precisado (SP228-2026, Rad. 71760) que este incremento se aplica una sola vez — no acumula en ambas fases simultáneamente, para no incurrir en non bis in idem.

Los actos de investigación se dividen según si requieren o no autorización judicial previa:

• Sin autorización judicial: entrevistas, interrogatorios a indiciado con abogado, inspección al lugar de los hechos, vigilancia y seguimiento de personas, recolección de EMP en lugares públicos, análisis de información abierta.
• Con orden del fiscal (Arts. 213–245): inspecciones en lugares cerrados, registros de vehículos, retención de correspondencia, interceptación de comunicaciones previa autorización del juez de control de garantías.
• Con autorización previa del juez de control de garantías: allanamientos, registros domiciliarios, vigilancia electrónica, interceptación de comunicaciones. El juez verifica la legalidad antes de autorizar.
• Legalización posterior: actos urgentes (allanamientos en flagrancia) pueden practicarse sin autorización previa, pero deben legalizarse ante el juez de control de garantías dentro de las 36 horas siguientes.

• Cadena de custodia (Art. 254): sistema que garantiza la autenticidad e integridad de los EMP y EF desde su recolección hasta su presentación en juicio.
• Cada eslabón que recibe, traslada o analiza un elemento debe registrarse y firmarse — la ruptura de la cadena puede llevar a la exclusión del elemento probatorio.
• Elemento material probatorio vs. evidencia física: EMP son objetos, documentos, huellas, rastros biológicos relacionados con el delito. EF son los elementos que permiten inferir la comisión del hecho.
• Informe de Policía Judicial: documento que consolida los hallazgos de la indagación. No es prueba en sí mismo — los EMP y EF recolectados se convierten en prueba al ser admitidos en el juicio oral.

• Non reformatio in pejus: el Tribunal no puede agravar la situación del apelante único. Si solo apela la defensa, la condena no puede aumentar.
• Principio de limitación: el Tribunal solo puede pronunciarse sobre los aspectos impugnados — no revisa de oficio lo no apelado.
• Inmediación restringida: el Tribunal no practica pruebas en audiencia — decide con base en el registro de audio/video del juicio oral. No puede revaluar libremente la prueba que el juez de primera instancia presenció directamente.

• Aplica exclusivamente cuando hay absolución en primera instancia y condena en segunda.
• La impugnación se surte ante la Corte Suprema — Sala Penal.
• No aplica cuando la condena de segunda instancia confirma la de primera.

• Causal 1 — Violación directa de ley sustancial (Art. 181-1): el Tribunal aplicó mal la ley sin que mediara error probatorio — falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea. El casacionista acepta los hechos tal como los declaró el Tribunal y discute solo la norma aplicada.
• Causal 2 — Violación indirecta por error de hecho (Art. 181-2): el Tribunal llegó a conclusiones fácticas absurdas por falso juicio de existencia (ignorar una prueba o inventarla), falso juicio de identidad (distorsionar el contenido de una prueba) o falso raciocinio (violar reglas de la lógica o experiencia al valorar).
• Causal 3 — Violación indirecta por error de derecho (Art. 181-2): el Tribunal valoró una prueba ilícita que debió excluirse, o exigió solemnidad no prevista en la ley para probar un hecho.
• Causal 4 — Nulidad (Art. 181-3): el proceso está viciado por violación de garantías fundamentales — debido proceso, defensa técnica, juez natural. La nulidad en casación invalida desde el acto viciado.

Casación discrecional (Art. 184 inc. 2): la Sala Penal puede seleccionar una demanda que no cumpla los requisitos formales si el caso tiene relevancia para el desarrollo del derecho penal o la unificación de jurisprudencia.

• La Corte selecciona el caso de oficio — el demandante no puede exigirla.
• Opera cuando el asunto tiene trascendencia jurisprudencial aunque la demanda sea técnicamente deficiente.
• La Corte puede también inadmitir de plano demandas manifiestamente infundadas sin necesidad de concepto del Procurador.

• Si casa sin reenvío: la Corte dicta la sentencia de reemplazo directamente — cuando el error es de puro derecho y los hechos están claros.
• Si casa con reenvío: invalida la sentencia del Tribunal y devuelve al juez de segunda instancia (u otro Tribunal) para que dicte nuevo fallo conforme a la doctrina de la Corte.
• Si no casa: la sentencia del Tribunal queda ejecutoriada — cosa juzgada. Procede acción de revisión si posteriormente aparecen hechos nuevos o pruebas falsas (Art. 192).
• Efecto extensivo (Art. 186): si la causal beneficia a otros procesados en la misma situación, la Corte puede extender los efectos aunque no hayan demandado.

• No hay cadena perpetua ni prisión perpetua para adolescentes.
• Al cumplir la sanción: no hay antecedentes penales — a diferencia del sistema adulto.
• Las audiencias son reservadas — no se revela la identidad del adolescente.