Legítima defensa: de la riña aceptada al enfoque de género — requisitos, duda, defensa privilegiada y exceso

El juzgado absolvió y el Tribunal condenó por homicidio, al estimar que los hechos, ocurridos con arma cortopunzante durante un evento ferial, se dieron en riña. La Sala definió la legítima defensa como el derecho de obrar para proteger un bien jurídico, propio o ajeno, puesto en riesgo por una agresión antijurídica, actual o inminente, no conjurable racionalmente por vía distinta, con un medio proporcional, y exigió acreditar 5 elementos: agresión ilegítima; actualidad o inminencia; necesidad de la defensa; proporcionalidad «tanto en especie de bienes y medios, como en medida»; y que la agresión no haya sido intencional y suficientemente provocada. Precisó que lo que diferencia la riña de la legítima defensa «no es la existencia de actividad agresiva recíproca […] sino además la subjetividad con que actúan los intervinientes en el hecho»: la mutua voluntariedad de causarse daño, en la primera, y la necesidad individual de defenderse de una agresión ajena, en la segunda. Descartó que el procesado hubiera provocado la riña o se hubiera involucrado voluntariamente en ella, reconoció la legítima defensa objetiva, sin exceso, casó parcialmente el fallo y confirmó la absolución por homicidio.

La parte civil invocó la jurisprudencia según la cual cualquier circunstancia que haga borrosa la justificante la desvirtúa. La Sala rastreó esa tesis hasta 1949, cuando se exigió que las causales de justificación aparecieran «como evidentes», y advirtió que, a partir de la constitucionalización de la presunción de inocencia en el artículo 29 de la Carta de 1991, sus alcances no pueden limitarse por vía de interpretación, y que «no puede prohijarse la idea de que la duda sobre la antijuridicidad de la conducta es igual a la certeza exigida para condenar». El mandato de resolver toda duda a favor del sindicado «no permite excepción de ningún tipo». Por ello, no casó la sentencia que confirmó la absolución de un supervisor de vigilancia por homicidio, fundada en la falta de certeza sobre la antijuridicidad de su conducta.

Tras una discusión en un bar, la víctima salió del establecimiento y regresó armada; uno de los procesados la recibió a tiros y el otro, que salió por una puerta lateral, la alcanzó por la espalda. Con apoyo en la sentencia de 25 de mayo de 2005 (Rad. 18354), la Sala precisó que la legítima defensa exige que la reacción surja como consecuencia de una injusta agresión: «Cuando dos o más personas, de manera consciente y voluntaria, deciden agredirse mutuamente la legitimidad de la defensa se desvirtúa, porque ya en ese caso los contendientes se sitúan al margen de la ley, salvo cuando en desarrollo de la riña “los contrincantes rompen las condiciones de equilibrio del combate”». Aunque la víctima inició la riña, los procesados la aceptaron voluntariamente, «al punto de prepararse para el regreso de aquél». No casó la condena por homicidio y solo la casó de oficio para ajustar la pena accesoria.

El defensor pidió, de forma alternativa, el reconocimiento de la legítima defensa, del exceso en su ejercicio, de la defensa putativa o de la duda. La Sala explicó que la legítima defensa excluye la antijuridicidad, mientras que en la defensa putativa quien actúa lo hace «bajo el errado convencimiento de que ha sido objeto de una injusta agresión, cuando en realidad no ha existido un ataque injusto, actual o inminente», figuras previstas en los numerales 6 y 10 del artículo 32 del Código Penal. Por ello «los institutos analizados son incompatibles»: si la conducta se justifica, es porque realmente hubo agresión, y el presunto error no tendría sobre qué recaer. Tampoco cabía pedir a la vez la justificante y el exceso, pues la primera disuelve la responsabilidad y el segundo comporta su asunción con atenuación punitiva. No casó la condena por homicidio.

Los jueces condenaron por homicidio al concluir que hubo riña y que no se probó con certeza la agresión de la víctima, quien había irrumpido en la vivienda donde se encontraban su excompañera y el procesado. La Sala recordó que, pese a la exigencia de certeza enunciada en 2002, «la misma Sala modificó ese enfoque» en la sentencia de 26 de enero de 2005. Valoró los antecedentes de acecho e intimidación y la continuidad del riesgo iniciado con el asalto a la morada, y concluyó que «no se demolió la hipótesis de la legítima defensa», de modo que la responsabilidad no se probó más allá de duda razonable. Casó la sentencia y absolvió por homicidio doloso en aplicación del in dubio pro reo, ante la duda insalvable sobre la concurrencia del numeral 6 del artículo 32.

En medio de una discusión en un establecimiento comercial, la víctima arrojó un envase de cerveza contra el procesado, quien reaccionó y le causó lesiones. El Tribunal revocó la absolución por estimar que la agresión inicial había cesado y que lo posterior fue una riña aceptada. La Sala sostuvo: «Más que una riña, lo que se presentó a continuación fue un enfrentamiento propiciado por la reacción que tuvo el agredido al abalanzarse al ser objeto de una agresión antijurídica»; tampoco le era exigible alejarse del lugar o limitarse a un reclamo. Precisó que la proporcionalidad del artículo 32-6 «responde más bien a un sentido racional y no matemático, por lo que la defensa debe ser proporcionada, aunque los medios puedan no serlo», como criterio objetivado referido a la respuesta esperable de un hombre razonable en las condiciones concretas del ataque. Casó el fallo y dejó en firme la absolución por lesiones personales.

Según los hechos declarados en el fallo recurrido, un hombre armado con un pico de botella abordó al procesado en la vía pública y le exigió entregar la bicicleta; en el enfrentamiento ambos resultaron heridos y aquel murió. El Tribunal revocó la condena por homicidio y absolvió. Al resolver el recurso de la Fiscalía, la Sala encontró inconsistencias que impedían «afirmar con certeza la configuración de la legítima defensa aducida», pero mantuvo la absolución porque el principio de resolver la duda a favor del procesado «también aplica a las causales de ausencia de responsabilidad, como ha sostenido la Sala de forma pacífica desde la decisión del 26 de enero de 2005». Añadió que la Fiscalía no demostró, como le correspondía, la voluntad común de agredirse mutuamente. No casó la sentencia y aclaró que la absolución procedía por duda y no por la demostración fehaciente de la causal.

Un condenado por homicidio pidió la revisión de su sentencia de 2011 invocando, entre otras causales, un supuesto cambio favorable de jurisprudencia, que atribuyó a las decisiones de 2005 (Rad. 15834) y de 2018 (Rad. 48609). La Sala inadmitió la demanda: en esas providencias «la Corte no incluyó variaciones jurídicas en torno a la aplicación del principio in dubio pro reo frente a la legítima defensa»; su estudio fue eminentemente probatorio y concluyó en una duda insuperable, situación distinta de aquella en la que los jueces descartan la concurrencia de los elementos de la causal. Calificó la pretendida variación como inexistente, «en torno de una postura jurídica acogida por la Sala desde mucho tiempo atrás».

Tras un incidente ocurrido horas antes, la víctima llegó de madrugada a la vivienda del procesado y rompió los vidrios de una ventana; el procesado salió acompañado de familiares armados y le causó la muerte. Al resolver la impugnación especial contra la primera condena, emitida en segunda instancia, la Sala reiteró los 5 requisitos enunciados en 2002 y, aunque reconoció la agresión inicial de la víctima, concluyó que después ambos decidieron enfrentarse «en una clara riña que excluía la legítima defensa». Explicó, además, que la legítima defensa presunta o privilegiada descansa en una presunción legal que admite prueba en contrario: «se otorga un privilegio para el sujeto que la alega, en tanto lo libera de la carga probatoria de acreditar todos y cada uno de los requisitos jurídicos para la actualización de la legítima defensa». Enumeró sus supuestos —rechazo de un extraño que intenta penetrar o ha penetrado indebidamente en la habitación o sus dependencias— y advirtió que la reacción debe ser necesaria y proporcional, porque el Código vigente suprimió la expresión «cualquiera sea el daño que se le ocasione», contenida en el Decreto Ley 100 de 1980. Como la víctima no intentó ni logró ingresar al inmueble, descartó la privilegiada y confirmó la condena por homicidio simple.

Un subintendente de la Policía, vestido de civil y armado, ingresó a una vivienda en persecución de una persona con orden de captura; el procesado, que se encontraba en el interior, al percatarse de la presencia de un extraño armado, le disparó y le causó la muerte. Al resolver la impugnación especial contra la primera condena por homicidio agravado, la Sala recordó la distinción entre la legítima defensa y la defensa putativa y concluyó que el procesado actuó «con el convencimiento fundado» de que concurrían los supuestos fácticos de la legítima defensa: la incursión no podía interpretarse como un procedimiento de captura, sino como «la irrupción abusiva de un extraño dotado de un arma de fuego». Calificó el error como invencible por las condiciones súbitas del ingreso, que no dejaron espacio para una labor reflexiva. Revocó la condena y dejó vigente la absolución.

Durante una diligencia de inspección ocular en un apartamento, la propietaria permitió el ingreso de una vecina que insistía en participar; tras una discusión, la agredió físicamente y la sacó del inmueble. Al resolver la impugnación especial contra la primera condena por lesiones personales, la Sala reiteró la noción de legítima defensa privilegiada, con cita de la SP1764-2021, y la descartó: la vecina «se encontraba dentro del inmueble con su anuencia, no de manera clandestina, arbitraria o subrepticia», y ninguna prueba indicaba que ejecutara una acción lesiva contra bienes jurídicos de la procesada. Agregó que el trato grosero alegado por la defensa no se acreditó como una agresión que solo pudiera responderse con violencia física. Confirmó la condena.

El Tribunal modificó la condena por violencia intrafamiliar contra la compañera permanente: suprimió la agravante y sancionó la conducta como cometida en exceso de legítima defensa, al entender que el procesado reaccionó ante la intromisión en su teléfono celular. La Sala, con apoyo en los requisitos enunciados en 2002 (Rad. 11679), encontró que el Tribunal fragmentó la declaración de la víctima, quien reveló que el procesado autorizó el acceso al aparato antes de los actos de violencia; por tanto, «sus bienes jurídicos individuales […] no estuvieron en riesgo actual ni inminente y, por lo mismo, no había necesidad de desplegar maniobras defensivas para protegerlos». Concluyó que no operó causal de justificación alguna «y, por consiguiente, no hubo exceso en ninguna de ellas». Casó el fallo, restableció la agravante y confirmó integralmente la condena por violencia intrafamiliar agravada.

Los jueces condenaron por lesiones personales dolosas a una pareja de esposos que golpeó a un vecino del mismo inmueble; redujeron la conducta previa de este a manifestaciones groseras u ofensivas y solo reconocieron el estado de ira. La Sala encontró 2 errores de hecho: un falso juicio de identidad, por cercenar los relatos de los procesados sobre el ataque físico inicial, y un falso raciocinio, por no valorar la prueba con enfoque de género, perspectiva que, según la SP2649-2022 (Rad. 54044), vincula también cuando la persona juzgada es una mujer, siempre que pueda inferirse razonablemente que la conducta tuvo relación con una victimización de género. Afirmó que «los atentados físicos, verbales, sexuales o psicológicos en contra de una mujer, basados en el género, constituyen una agresión ilegítima»; que el conflicto lo inició el vecino con un primer ataque físico seguido de actos de hostigamiento; y que «la inminencia de la agresión también debe ser analizada con perspectiva de género», pues ante un patrón de violencia la exigencia de que la respuesta se concrete en el mismo momento del maltrato puede resultar irrazonable. Calificó las 2 cachetadas y los 3 golpes como «una medida lesiva mínima», en una valoración ex ante; casó la sentencia y absolvió a los procesados.

De noche, en un predio rural y en lo que la Sala describió como un escenario de hurto, el procesado disparó contra 2 personas y les causó la muerte. Al resolver la impugnación especial contra la primera condena por homicidio simple en concurso homogéneo, la Sala aplicó el texto original del numeral 6, por tratarse de hechos de 2014, y precisó que, aunque el artículo 3 de la Ley 2197 de 2022 modificó la causal, sus elementos esenciales «permanecen inalterados». Reiteró que la figura no exige equivalencia exacta entre los medios, sino un juicio de razonabilidad. Concluyó que existió una agresión ilegítima contra el patrimonio y que la reacción se dio en un contexto de inminencia y necesidad, pero que «la intensidad y la modalidad de la respuesta desbordaron los límites de proporcionalidad»: la prueba técnica mostró disparos sucesivos con múltiples trayectorias y no se acreditó un ataque contra la vida del procesado. Reconoció el exceso, confirmó la condena, fijó la pena en 4 años y 4 meses de prisión y concedió la prisión domiciliaria.